Una información relevante que (lamentablemente) puede ser declarada nula

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Un sector de la Policía implica al Rey Juan Carlos en el ‘caso Pujol’

El juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata acaba de incorporar al sumario judicial del caso Pujol varias notas policiales internas que sostienen la existencia de una negociación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ex presidente catalán Jordi Pujol.

El objeto de estas supuestas conversaciones buscarían, siempre según estos informes, un trato judicial favorable para el clan catalán a cambio de que no desvele información sensible sobre Don Juan Carlos. Concretamente, que no cuente que el Rey Emérito tiene dinero en la cuenta Soleado de Gürtel.

Las notas internas han sido aportadas al sumario por el dueño de la agencia de detectives Método 3 y fueron elaboradas por el comisario José Manuel Villarejo. Con la introducción de estos documentos en la macrocausa contra los Pujol, la guerra entre un sector de la Policía y los servicios de Inteligencia españoles que viene librándose desde hace varios años se traslada por primera vez a la Audiencia Nacional, con consecuencias imprevisibles.

No en vano, a la vista del contenido de estos documentos, y tras comprobar que obran en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 5, el CNI ha tomado la determinación, de manera extraordinaria, de romper su silencio y responder de manera contundente.

Fuentes oficiales de este organismo han declarado a EL MUNDO que la afirmación contenida en los informes de Villarejo no quedará sin respuesta, y apostillan: «La mejor manera de dignificar una mentira es citar al CNI».

A la vista de estos y otros elementos, el juez José de la Mata ha decidido abrir una nueva línea de investigación para esclarecer la actuación de la Policía en este asunto. De tal manera que al tiempo que rastrea las operaciones de la familia Pujol está dispuesto a hacer lo propio con las actividades de los investigadores.

El juez ha adoptado la decisión después de que el dueño de la agencia Método 3 le haya comunicado por escrito que dos antiguos trabajadores suyos colaboraron con la Policía en la elaboración de las referidas notas informativas a cambio de fondos reservados.

Según Francisco Marco, sus ex trabajadores Antonio Tamarit y Julián Peribáñez colaboraron con la Unidad de Inteligencia que dirigían los comisarios Villarejo y Marcelino Martín Blas y cuyas pesquisas propiciaron el origen del caso Pujol.

Fue esta Unidad la que logró que la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex president, compareciera ante la Policía Judicial y prestara declaración describiendo las actividades delictivas que había presenciado. Un testimonio que constituyó el germen del caso.

Marco sostiene que sus detectives, a los que acusa de traición, percibieron dinero público de los mandos policiales a cambio de realizar seguimientos ilegales y obtener diversa información que sería utilizada para la elaboración de sus documentos de trabajo.

Según algunos de estos documentos policiales -uno de los cuales se reproduce en esta página-, la clave de la intervención del CNI reside en la vinculación de Don Juan Carlos con la cuenta suiza Soleado, en la que ocultaba su fortuna el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. «Algunos responsables del CNI negociarían con el propio Pujol de ayudarle [sic] a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado español con la cuenta Soleado», reza textualmente una de las notas remitida por Villarejo a sus superiores en diciembre de 2014.

Pero no son sólo los informes de Villarejo los que intentan vincular al CNI en este asunto. Hace unos días, otros mandos policiales transmitieron al juez De la Mata que los servicios de Inteligencia estaban involucrados en la última remesa de información incorporada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) al procedimiento.

Esos mandos precisan que el pendrive que esta unidad depositó en la Audiencia Nacional con documentación inédita de la familia Pujol y que ha servido de base para sus últimos informes -en los que se implica en la trama de Pujol a los ex secretarios de Estado del PP Juan Costa y José Manuel Fernández Norniella– también contiene información del CNI. Y que, por ello, enviaron una copia de este dispositivo a la sede del mismo. Las mismas fuentes del CNI también consideran «falso» este extremo.

A la vista del cruce de graves acusaciones, y al considerar que la Policía no acredita debidamente el origen de su información, el juez De la Mata teme que estas maniobras puedan provocar la nulidad de parte del caso. Así lo ha traslado recientemente en el seno de la Audiencia Nacional, tal y como aseguran a este periódico fuentes de este órgano judicial.

El instructor considera que Interior viene actuando de manera irregular desde hace varios años y que algunas de las pruebas que ha introducido en la causa podrían desembocar en su nulidad.

Por todo ello, el juez no ha querido quedarse cruzado de brazos y ha ordenado a la Policía Judicial la localización inmediata de los dos ex detectives de Método 3, Antonio Tamarit y Julián Peribáñez, con objeto de tomarles declaración y aclarar en qué ha consistido su colaboración con la Policía.

No en vano, el juez sospecha que la Policía utilizó a los citados detectives para obtener datos de los Pujol mediante el pirateo de los ordenadores del clan. La Fiscalía Anticorrupción respalda al magistrado y tilda abiertamente de «sospechosas» las fuentes policiales. (Noticia)

El juez y la fiscal abroncan a la Policía por no acreditar las pruebas

Obviamente, el que la información sea veraz aporta mucha luz al asunto, pero lamentablemente, la forma de acceder a ella puede producir muchos problemas a la hora de juzgarla.

PERIODISMO de investigación (II)

La Udef acusa a altos cargos del PP de presionar en Moncloa a favor de los Pujol

4/01/17

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  • La Policía señala que Juan Costa, secretario de Estado de Comercio, y José Manuel Fernández Norniella hicieron gestiones en 2001 para que organismos públicos financiaran proyectos amañados en África de la familia del ex ‘president’
  • Sostiene que José Herrero Egaña López del Hierro, que figuraba como socio del hijo de Pujol en la empresa Ibadesa, era la persona encargada de “hacer las presiones en La Moncloa” para obtener los créditos para sus negocios

La Policía Judicial acusa a altos cargos del PP de «presionar en La Moncloa» para conseguir financiación pública a la familia Pujol, con la que desarrollarían posteriormente contratos de obras de ingeniería amañados en países africanos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado ante la Audiencia Nacional un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Según la Policía, el entramado que gira en torno a Ibadesa, del que penden las entidades Ibacafé, Ibadesa Exportaciones y Servicios e Ibadesa Cat, ha sido utilizado durante los últimos años «para fines criminales» y contó con el «apoyo de organismos públicos españoles» para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos.

Los investigadores subrayan que el dinero público procedía de la Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que «concedía» a las sociedades de la trama Pujol «créditos previos para financiar proyectos».

En estas empresas participaba también Jordi Puig, hermano del ex consejero de CiUFelip Puig.

Según la Udef «éste era el motivo por el que las gestiones dinamizadoras de Jordi Pujol Ferrusola incluían en este caso ‘trámites’ que se hicieron ante el Gobierno de España, personificadas en el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa Climent, sobre el que se influyó a través de José Manuel Fernández Norniella, presidente en ese momento del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, pero que desempeñó el mismo puesto con anterioridad que Juan Costa, para que el entonces secretario de Estado aprobara los expedientes».

La Policía recalca que tiene «constancia de todo esto claramente» gracias a los archivos informáticos de la empresa Ibadesa que obran en su poder. En ellos «se ubican las distintas cartas a firmar por los ministros africanos para ser dirigidas a Juan Costa», abunda.

«Por tanto», añade la Policía Judicial, «como consecuencia directa e inmediata, se puede establecer una conexión directa y evidente entre las comisiones obtenidas por Jordi Pujol con dinero procedente de España que financiaría estos proyectos».

En esta misma línea agrega la Udef que «no se puede obviar el papel desempeñado en Madrid por otras personas involucradas que, como dicen en las comunicaciones, tienen que hacer presiones en ‘La Moncloa’». Éstas «corresponderían a la estructura del grupo Ibadesa en Madrid, encarnada en la persona de José Herrero de Egaña, al que dirigen multitud de comunicaciones».

«Finalmente», continúa la Policía, «cuando con el devenir del tiempo las gestiones fructifican, consiguiendo sacar adelante sus pretensiones empresariales, no queda sino repartir las comisiones devengadas».

La Udef resalta que a la hora de repartir el dinero se articularon «claras relaciones triangulares entre las distintas mercantiles». Así, «algunas sociedades ejercerían fundamentalmente como instrumentales personalistas». Es el caso de «Iniciatives, Marketing i Inversions para Jordi Pujol Ferrusola y de Ascot Inversions para Jordi Puig Godés, utilizadas para lucrarse personalmente».

«No obstante», añade la Udef, «los ingresos en muchos casos provienen de otras como Ibadesa Cat, que a su vez en su mayor parte obtiene sus partidas de Ibadesa».

Informe presentado por la Udef ante el Juzgado Central de Instrucción Nº5

La Policía recuerda que «una de las cuestiones que se dirime en el procedimiento» del denominado caso Pujol «consiste en discernir si las cuantiosas comisiones que son percibidas por Jordi Pujol Ferrusola a través de sus sociedades instrumentales, amparadas en negocios internacionales en países extranjeros, tienen un fondo sustancial, en cuanto a la realización efectiva de tareas que generen valor añadido alguno».

«En virtud de la documentación facilitada, se encuentran diversos archivos que hacen referencia a negocios en países como Gabón y Marruecos en los que Jordi Puig, Jordi Pujol y José Herrero de Egaña López del Hierro, participarían desarrollando diversos proyectos de inversión para multinacionales españolas como el grupo Isolux», se responde la propia Policía.

No obstante, y a pesar de la existencia de los proyectos en cuestión, «llama poderosamente la atención que empresas internacionales con unos recursos humanos y materiales tan importantes, requieran de asesoramiento de ciudadanos españoles para que se les adjudiquen proyectos en el exterior».

«Especialmente», incide la Udef, «cuando estos, como es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés, carecen de la formación necesaria en materia de ingeniería o arquitectura civil de cualquier tipo».

Por todo ello consideran los investigadores que este entramado societario se dedicó a la materialización de «actos de corrupción en el comercio internacional para conseguir los fines societarios».

Como ejemplo del modus operandi de la trama, la Policía resalta dos cartas dirigidas por Pujol y Puig a Josep Duró, uno de sus contactos en Gabón, en 2001.

En ellas planteaban abiertamente la posibilidad de comprar el título de cónsul del país africano en Barcelona para facilitar sus negocios: «Te informo que [el cónsul] tiene la intención de vender el título o cargo por la cifra de 17 millones de pesetas. Plantea un adelanto a fondo perdido de 5 millones para hacer gestiones y pasar la cartera de asuntos al posible interesado […] ¿Crees que es interesante en base a los proyectos que podemos hacer conjuntamente?».

«Se infiere que pagarían por ostentar un cargo de representación pública que entendemos no admite compraventa y que se hicieron las gestiones necesarias para evitar la libre concurrencia en concursos públicos del país africano», apostilla la Policía Judicial. «De hecho, constan varias misivas a ministros del país africano en las que se insta a que vayan a Barcelona».